Así lo afirmó recientemente el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras inaugurar, junto al secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, unas jornadas organizadas por este sindicato sobre el Estatuto Básico de la Función Pública, que entrará en vigor el próximo lunes.

En concreto, Sevilla explicó que lo se pretende es trasladar a la Función Pública los acuerdos sobre jubilación anticipada y prolongación de la vida laboral alcanzados por Gobierno, sindicatos y empresarios en la reforma de la Seguridad Social.

Según consta en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social, la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de 65 años se incentivará en la totalidad de las situaciones. Así, aquellos trabajadores que se jubilen con 66 o más años verán incrementada un 2 por ciento su pensión por cada año cotizado después de los 65.

Este porcentaje será del 3 por ciento si se acreditan carreras de cotización de 40 años, y en los casos en que se supere la pensión máxima, se reconocerá el derecho a percibir anualmente una cantidad a tanto alzado, cuyo importe dependerá de los años cotizados.

Sevilla precisó que los Ministerios implicados y los sindicatos de la Función Pública aspiran a llegar a un acuerdo sobre este tema y sobre jubilación anticipada en un plazo breve de tiempo, a fin de que pueda incluirse en el trámite parlamentario del proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, actualmente en el Congreso de los Diputados.

De esta forma, reseñó el ministro, "se levantaría la prohibición que existe en la Ley General de la Seguridad Social de que los funcionarios puedan jubilarse de manera anticipada". En concreto, lo que establece la Ley es que los funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social sólo pueden acogerse a la jubilación anticipada si tienen 61 años cumplidos, 30 años de servicio, si han sido despedidos y si vienen del paro. Estos dos últimos requisitos imposibilitan en la práctica que los empleados públicos del Régimen General puedan disfrutar de la jubilación anticipada.

En cuanto a la jubilación parcial, Sevilla reconoció que existen problemas, entre ellos el coste que podría tener la misma, para aplicarla en el ámbito de la Función Pública. De momento, esta cuestión se dejará aparcada hasta que finalice el trámite parlamentario de la reforma de las pensiones. Después, el Ministerio de Administraciones Públicas seguirá analizando cómo facilitar el acceso a la misma a los empleados públicos.