El ministro Valeriano Gómez defiende que, para hacer frente al fenómeno del envejecimiento de la población, han de acometerse cambios en el sistema “con tiempo suficiente”.

En este sentido, Gómez adelantó que el Gobierno, tras el Consejo de Ministros del 28 de enero (fecha límite que se ha marcado para alcanzar un pacto con los agentes sociales, con los que siguen las negociaciones), presentará una reforma del sistema que retrasará la edad de jubilación a los 67 años. El titular de Trabajo también aseguró que esta reforma será flexible porque permitirá a los que hayan cotizado durante 41 años seguir jubilándose a los 65, y paulatina porque establecerá un periodo de transición hasta 2027. Además, la propuesta del Gobierno incluiría el aumento del periodo de cálculo de la pensión, de los 15 años actuales hasta los 25.

A este respecto, el ministro señaló que, si tanto el aumento de la edad de jubilación como el periodo de cálculo, se aplican de modo gradual, “la cuantía de la prestación no se reduciría”. Aunque CCOO ha cifrado en hasta un 25% la disminución que sufrirán las prestaciones si se aumenta dos años la edad legal de retiro. En cambio, el Gobierno sí que coincidiría con los sindicatos, y con la patronal, en aumentar el carácter contributivo del sistema español de pensiones.

Otra de las ideas planteadas es la de retrasar la edad mínima de la jubilación anticipada, según puso de relieve El Periódico, el pasado 18 de enero, que UGT y CCOO proponen llevar de los 61 años actualmente en vigor a los 63. El diario catalán contemplaba esto como alternativa al aumento de la edad legal de jubilación a los 67. Una iniciativa a la que se opondrían los sindicatos, así como a suprimir la jubilación parcial y anticipada a la que ahora recurren las empresas mediante el contrato relevo, es decir, que el puesto de trabajo no se amortiza sino que es ocupado por uno más joven.

Reunión entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT

El pasado 17 de enero, el Ministerio de Trabajo difundió un comunicado conjunto con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, en la que informaban de la reunión que habían mantenido ese día. “Las partes han abordado la reforma de las pensiones, el desarrollo de la reforma laboral y las políticas activas de empleo. También han tratado las políticas industrial y energética, así como cuestiones vinculadas al área de ciencia e innovación. Los interlocutores mantienen su voluntad de alcanzar un acuerdo. Para ello, han decidido proseguir las negociaciones.

Respecto a esta negociación, Gómez aseguró que no se está dando un “intercambio de cromos”. De esta forma, negó que el reglamento de los ERE sea un guiño a los sindicatos para que estos apoyen el retraso en la edad de jubilación. Por el contrario, el ministro afirmó que el reglamento sólo pretende ofrecer a los empresarios que prevén pérdidas coyunturales “otras herramientas”, como la reducción de jornada o la suspensión temporal del contrato, en vez del despido.

De hecho, según reveló El Economista, CEOE trasladó al Gobierno que no comparte estos cambios en la reforma laboral, así como demandó al Ejecutivo que se comprometa a recortar las cuotas sociales, al menos, cuando la economía empiece a remontar. “Se trataría de un cambio a largo plazo que no afectaría a los ingresos de la Seguridad Social en estos momentos para no perjudicar el plan de reducción de déficit”.

Distintas políticas negociadas para el pacto social

A su vez, el diario La Vanguardia, revelaba que, entre los agentes sociales, existe un consenso en que se deben cambiar las políticas activas de empleo y, en concreto, los modelos de contrato. Según el diario catalán, los empresarios habrían propuesto una reformulación de los contratos en prácticas y los sindicatos estarían dispuestos a buscar una fórmula que permita encontrar trabajo a los jóvenes. Estos últimos plantearían vincular la formación a las prácticas de la empresa.

Los agentes sociales también estarían buscando fórmulas para incorporar parados de larga duración. Para ello, los empresarios han propuesto que se flexibilicen los contratos a tiempo parcial, de forma que se limiten prácticamente a un acuerdo de parte que permita a estos trabajadores reincorporarse al mundo laboral. Otro ámbito de negociación sería la política energética, donde los agentes sociales habrían pedido que se replanteen las actuales condiciones del mix energético.

Además, esta semana, CEOE y los sindicatos también han debatido acerca de la reforma de la negociación colectiva. En esta materia, además, “en el horizonte, está la advertencia del Ejecutivo de que, si las dos partes, no alcanzan un pacto para marzo, será el Gobierno el que modifique el actual sistema de negociación de los convenios por decreto”, informó el diario Público.

Mientras negocian los agentes sociales, el Gobierno también prepara las negociaciones en el ámbito político. De hecho, el próximo 25 de enero, el Congreso votará las recomendaciones del Pacto de Toledo. Para dirigir el debate parlamentario, el Ejecutivo ha pensado en el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Según El Mundo, éste, a su vez, maneja “ideas novedosas” para el acuerdo, como la jubilación por escalas, no determinando la edad, pero sí condicionándola a los años que se han cotizado.