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Boletín Nº 152
(19/10/2007)
La Energía como factor clave de la competitividad industrial
La energía es un factor esencial en la competitividad de las industrias y, por ende, de las economías. En los últimos tiempos, se han producido situaciones que han puesto de relieve la dependencia energética de las economías de los países industrializados.
La Industria y el Medio Ambiente
Parte III
La consecución del objetivo de desarrollo sostenible precisa de la puesta en marcha de unas estrategias que estimulen el crecimiento económico, fortalezcan la cohesión social y mejoren la protección del medio ambiente.
 

No siempre es fácil compaginar los intereses medioambientales con otro tipo de políticas generales.

A la hora de compatibilizar los distintos intereses surgió, hace algunas décadas, un nuevo concepto: el desarrollo sostenible. Esta expresión hizo fortuna a raíz de la publicación del informe de la Comisión Brundtland, en el que se la definía como el compromiso de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades.

La propia Unión Europea ha recogido esta idea, señalando que la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa.

A todos los niveles – nacional, europeo, internacional – se reconoce que la consecución del objetivo de desarrollo sostenible precisa de la puesta en marcha de unas estrategias que estimulen el crecimiento económico, fortalezcan la cohesión social y mejoren la protección del medio ambiente.

La complejidad de este reto requiere de un amplio debate abierto a todos los agentes sociales que posibilite una aproximación global por parte de los políticos, y de la sociedad civil, de forma que se puedan integrar realmente los desafíos que se plantean en las tres áreas.

Es evidente que la Unión Europea está jugando un papel de liderazgo mundial en el ámbito de la protección del medio ambiente y, muy especialmente, en la lucha contra el cambio climático. Pero, esta preocupación no debería distraer la atención de otros importantes objetivos que también han sido fijados en la Unión Europea.

En la revisión de la Estrategia Europea sobre Desarrollo Sostenible, también conocida como Estrategia de Gotemburgo, desgraciadamente no siempre se alcanza el objetivo de equilibrar la parte económica, el desarrollo social y la protección al medio ambiente, puesto que la propia revisión de dicha Estrategia de Gotemburgo hace básicamente referencia a cuestiones sociales y ambientales, marginando los aspectos económicos.

Hoy en día, la práctica totalidad de las normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente emanan del ámbito comunitario. El primer paso para avanzar hacia una mayor coordinación entre las diferentes estrategias de desarrollo sostenible es garantizar que éstas tengan un modelo de referencia adecuado.

Es evidente que el modo en que se lleve adelante la aplicación del concepto de desarrollo sostenible en la Unión Europea resulta fundamental, en la medida en que se constituye como modelo de referencia para la mayor parte de los Estados miembros, regiones y municipios que han iniciado la elaboración e implementación de sus propias políticas de sostenibilidad.

Por ello, es importante que estas otras Administraciones públicas encuentren en la Unión Europea no sólo una formulación correcta de lo que es el desarrollo sostenible, sino un planteamiento general o estrategia y unos instrumentos para llevarla a cabo que verdaderamente pongan en práctica el significado de este concepto y que sirvan como ejemplo para orientar en la dirección correcta las estrategias diseñadas en otros ámbitos.

Hasta el momento, los hechos reflejan que existe una grave carencia en cuanto a la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad.

No se debe olvidar la importante contribución de muchas empresas que han incluido explícitamente entre sus objetivos fomentar el desarrollo sostenible a través de novedosas iniciativas preactivas para dar respuestas a las expectativas de los ciudadanos y consumidores en relación con este tema.

Cambio climático

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos del Cambio Climático y de las posibles soluciones para minorar sus efectos. En este contexto se aprueba el Protocolo de Kioto en el año 1997 y posteriormente la Unión Europea desarrolla la Directiva 2003/87 de Comercio de derechos de emisión para poner en marcha los compromisos que Europa ha adquirido en el seno de Naciones Unidas al ratificar el Protocolo de Kioto.

Así, se firman una serie de acuerdos internacionales en los que España participa y, por ello, se adoptan una serie de medidas para cumplir los compromisos adquiridos, como la aplicación de la Ley 1/2005, que transpone la Directiva 2003/87.

Sin embargo, la situación de partida de España respecto a sus homólogos europeos no es muy favorable. Según datos de Eurostat, en el año 2004, la media de emisiones de CO2 per cápita de España frente a las de la media de la UE-25 aún se encuentra aproximadamente un 15 por ciento por debajo. Esto se traduce en un esfuerzo falto de equidad a la hora de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para la economía española en comparación con el resto de los países de la Unión.

Para cumplir con los compromisos adquiridos, y según prevé la Directiva de comercio de derechos de emisión, España ha implementado un Plan Nacional de Asignación para el periodo 2005-2007 y está en fase de aprobar un segundo para el periodo que comprende los años 2008-2012. En estos planes, el Gobierno ha asignado una cantidad de derechos de emisión a una serie de instalaciones industriales y energéticas afectadas por dicha Directiva y que figuran en su anexo I.

Analizando los porcentajes que corresponden a cada uno de los sectores emisores de gases de efecto invernadero de España, se observa que, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, las emisiones correspondientes a los procesos y combustión industriales incluidos en la Directiva de comercio de derechos de emisión representan en torno al 15 por ciento del total de las emisiones de España en el año 2005. Al sector de la producción de energía le corresponde un 28,6 por ciento del total. Por ello, no se debe cargar toda la responsabilidad de reducción de las emisiones a los sectores afectados por la Directiva. Desde CEOE se recomienda tener en consideración las actividades privadas de los ciudadanos y los llamados sectores “difusos” en la parte que les compete como focos de emisión de gases de efecto invernadero.



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