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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
“La reforma del Código Penal de 2010 no ha sido meditada”
Gabriel Castro, socio de Garrigues y especialista en Derecho Económico
"Todavía confío en que el legislador le dé una pensada a esto”, así lo expresó el socio de Garrigues y especialista en Derecho Económico, Gabriel Castro, en la jornada “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal de 2010”, que organizó la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el pasado miércoles, 11 de mayo, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).
 

“La reforma del Código Penal de 2010 no ha estado meditada, ya que si se va a cambiar sustancialmente un paradigma (a partir de diciembre del año pasado, las personas jurídicas sí pueden tener responsabilidad penal), es mejor hacerlo de forma ordenada. Todavía confío en que el legislador le dé una pensada a esto”, así lo expresó el socio de Garrigues y especialista en Derecho Económico, Gabriel Castro, en la jornada “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal de 2010”, que organizó la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el pasado miércoles, 11 de mayo, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).










La sesión, que abordó esta nueva figura jurídica, contó con la colaboración, además, de Thomson Reuters Aranzadi, Garrigues y la propia CEN, y fue abierta por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, que se refirió a cómo el “incesante incremento de la delincuencia organizada, en ocasiones, formada en torno a formas societarias, han llevado al legislador a incluir este concepto”.

Del mismo modo, Fernández se refirió a cómo afectará la responsabilidad penal al nuevo “repertorio punitivo”. Por ejemplo, así como en la responsabilidad penal individual se pueden llevar a cabo “penas privativas de libertad”, como el ingreso en prisión, las personas jurídicas podrán soportar “penas específicas” que irán más allá de las multas, por ejemplo, con la inhabilitación para obtener subvenciones públicas.

En cambio, el presidente del Tribunal Superior de Navarra reconoció que esta nueva fórmula “plantea muchos problemas desde el punto de vista procesal”, a causa de las incertidumbres y lagunas legales, por ejemplo, en relación con la imputación o el derecho de defensa.

“No sabemos enfocar esta cuestión de forma respetuosa con los principios procesales”, reconoció, por su parte, el fiscal superior de Navarra, Javier Muñoz, que aportó algunos conceptos como el de que “las personas jurídicas no pueden ser autoras de delito”, aunque, con la nueva normativa, “sí pueden ser responsables penales”.










Muñoz incidió en que éste es un “tema gravísimo”, y que hay que tomarlo “con toda la cautela del mundo”, porque el hecho de que las acciones penales recaigan en la persona jurídica implica que un sujeto puede cometer un delito y, en consecuencia, buscar la ruina de su empresa (y a todas sus partes implicadas, desde los accionistas a los trabajadores), ya que puede darse, por ejemplo, la intervención de la sociedad. Sin embargo, éste también incidió en que “no todos los delitos tienen responsabilidad para la persona jurídica”, por ejemplo, no un homicidio.

El fiscal superior se refirió a las dos vertientes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contempladas en el artículo 31 bis del Código Penal. Así, el primer párrafo de esta sección remarca que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y, en su provecho, por representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. Partiendo de esta base, Muñoz incidió en que, para que se exija esta responsabilidad, “el delito tiene que hacerse en nombre o por cuenta de la sociedad” y que, además, “se busque el provecho o evitar el perjuicio de la sociedad. Sin embargo, Muñoz reiteró que “entiendo que la clave aquí está en que, si la empresa pone los medios para que no se cometan delitos, y tiene mecanismos de prevención, no podrá exigirse responsabilidad penal”.



Además, el segundo párrafo de este artículo añade que, “en los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. Por lo tanto, Muñoz reiteró que se determinará si ha habido falta de control de los mecanismos de la sociedad.

Muñoz también recordó que los procesos de fusión o transformación de la sociedad no extinguen la responsabilidad penal de la organización, así como se refirió al alcance de la persona jurídica. Por ejemplo, tal y como explicó el fiscal, en un supuesto de que un empresario pague el impuesto revolucionario, siendo éste un delito de colaboración con banda armada, y se incurriera en un proceso penal contra la empresa, si se aplicara sobre la persona el eximente de miedo insuperable, “entiendo que la eximente alcanzaría también a la responsabilidad sobre la persona jurídica”, matizó Muñoz.









Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra, Julio Muerza, se refirió a los aspectos procesales de este tipo de responsabilidad penal. El catedrático subrayó las distintas lagunas en esta materia, que van a requerir “grandes dotes de creatividad por parte de los jueces”. Por ejemplo, el experto se preguntó dónde se envía la notificación para citar a un juzgado. “Lo propio sería hacerlo llegar a la persona jurídica, es decir, al domicilio social”, consideró éste.

Además, también se plantean distintas dudas en cuestiones como las medidas cautelares o las investigaciones. A este respecto, Muerza cuestionó: “¿es posible limitar el derecho de una persona física para investigar la personalidad jurídica?”. Por ejemplo, en el supuesto de que se intervenga el teléfono o se registre el despacho de un directivo, supuestos que podrían darse con el fin de investigar una empresa, según el catedrático.

Con todo ello, el abogado Gabriel Castro lamentó que no se haya tenido en cuenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el punto de vista procesal. Castro también mostró su inquietud por algunos aspectos, como el de que una de las penas que pueden aplicarse sobre las organizaciones sea la de la disolución de una organización. “No deja de sorprenderme que se haya aceptado esto sin ninguna crítica, que podría equipararse a una pena de muerte de la empresa”.

Del mismo modo, Castro también cuestionó el hecho de que, en los procesos de fusiones de empresa, una empresa pueda absorber la responsabilidad penal de otra, algo que “vulnera el principio de culpabilidad”. El socio de Garriges también coincidió con Muñoz en la necesidad de que sea la propia empresa la que “delimite los riesgos inherentes a su propia actividad y los relacione con el día a día”, con el fin de establecer el “debido control”.











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