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CEOE y CEPYME
Documento sobre revisión del Pacto de Toledo
15 septiembre
El Sistema Público de Seguridad Social, es un pilar fundamental en la cohesión de España y trasnmite, especialmente desde el Pacto de Toledo, una importante seguridad a los ciudadanos, sobre todo, cuando finalizan su vida laboral. En consecuencia, la reforma del Sistema de Pensiones es una cuestión de máxima sensibilidad e importancia...
Revisión del sistema de pensiones
CEOE propone ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y reforzar la contributividad
De cara a la revisión del Pacto de Toledo, CEOE y CEPYME analizan la propuesta del Gobierno
Ambas organizaciones han puesto de manifiesto en un documento conjunto su posición respecto a la revisión del sistema de pensiones. En este informe defienden intensificar la relación entre aportaciones durante la vida activa y la pensión que en su momento se vaya a recibir.
 

CEOE reclama reforzar la contributividad del Sistema de Seguridad Social, como exige el Pacto de Toledo, para hacerlo sostenible, lo que implica intensificar la relación entre las aportaciones durante la vida activa y la pensión que en su momento se vaya a recibir. Ésta es una de las propuestas formuladas por la patronal en un informe, conjunto con CEPYME, en el que analiza la propuesta del Gobierno (en un documento del 29 de enero) para la revisión del Pacto de Toledo. (Ver documento)

CEOE y CEPYME también defienden que se amplíe sustancialmente el periodo de cómputo para calcular la pensión, al igual que ya han hecho otros estados miembros de la Unión Europea. En un futuro, “el cómputo debería abarcar toda la vida laboral, de modo que se puedan ponderar con justicia los distintos momentos de la actividad del trabajador, cuyos ingresos pueden variar notablemente entre el comienzo y el final de su participación en el mercado de trabajo”. Asimismo, ambas organizaciones recuerdan que el retraso de la jubilación debe ser una decisión voluntaria, con mayor incentivación que en la actualidad.

El informe también subraya que el ejercicio del derecho a recibir la prestación no debe ni puede ser incompatible con realizar una cierta actividad laboral, y apunta que, en este siglo, en el que la esperanza y la calidad de vida se han extendido en gran medida, “parece absurdo que el trabajador deba optar radicalmente entre una situación de activo o de jubilado, sin que apenas quepan situaciones intermedias”.

En esta línea, los empresarios también recomiendan adoptar las medidas precisas para que la edad de jubilación legal (actualmente, en 65 años) y la real (63,27) coincidan lo más posible. Además, es preciso favorecer la prolongación de la vida activa, más allá de los 65 años, cuando ello sea posible, “con nuevos y más potentes incentivos, ya que en la actualidad la jubilación gradual y flexible y el contrato de relevo, que permite el rejuvenecimiento de las plantillas, apenas son utilizados”, reconocen CEOE y CEPYME.

La representación de los empresarios también califica de “imprescindible” que se flexibilicen las condiciones de acceso a los fondos de pensiones a partir de la edad de jubilación, con independencia de que se haya ejercido o no el derecho a jubilarse. Además, “es imperativo mejorar sustancialmente el tratamiento fiscal en el IRPF de los planes y fondos de pensiones y otras modalidades de previsión social complementaria, como forma de incentivar el ahorro a largo plazo”.

La patronal también hace referencia a la pensión de una viudedad, como una prestación configurada de carácter retributivo, en lógica con el objetivo de responder a una situación de pérdida de rentas, determinando al beneficiario de la misma en función de su dependencia económica del causante, quien cotiza al Sistema para asegurar ese riesgo. “Sin embargo, a lo largo del tiempo y como consecuencia de los cambios jurídicos, sociales y culturales, como pueden ser los derivados de una creciente incorporación de la mujer al mundo laboral y de la legislación sobre divorcio e igualdad de género, se han introducido significativos cambios en cuanto a la determinación del beneficiario de la prestación, que en no pocos supuestos está desvirtuando la condición de dependencia económica de éste y la prestación.

Cotizaciones sociales, separación de fuentes de financiación y Fondo de Reserva

Ambas organizaciones empresariales también consideran “necesario y urgente”, que se valoren adecuadamente los costes por cotizaciones que actualmente soportan las empresas para poder determinar el montante que deberían tener en el futuro, reduciéndolas, con el objeto de mejorar la competitividad y no afectar a su viabilidad.

De hecho, lamentan que, en su documento, el Gobierno afirme que “los tipos de cotización existentes en nuestro Sistema se enmarcan en la media de los tipos de los países de la UE-15 que componen el grupo de países con el que más fácilmente podemos compararnos”.

A este respecto, CEOE y CEPYME apuntan que, según la OCDE, las cotizaciones sociales que tienen que pagar los empleadores en España suponen un 23,2% de los costes salariales, frente a la media de los países integrados en esta organización es un 13,6%. Igualmente, España tiene unas cotizaciones sociales de los empresarios por encima de la media de los países de la zona euro, que es de un 21,9%. En concreto, nuestro país ocupa el cuarto puesto en la zona euro como país en el que las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios suponen un porcentaje del salario más elevado (sólo Bélgica, Francia e Italia están por encima).

Dicho esto, el informe de la patronal recomienda que la valoración de las cotizaciones no se haga en términos de tipos medios de cotización (como hace el Gobierno en su documento), sino de participación de los costes por cotizaciones calculados sobre el PIB. CEOE y CEPYME también consideran que el mantenimiento de los tipos en momento de crisis económica “ha generado excedentes significativos a través de una sobrecotización que penaliza el empleo y la competitividad de las empresas”.

Las empresas también denuncian los “continuos aplazamientos”, por parte del Gobierno, en cuanto al compromiso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social (con un plazo que, legalmente, finaliza en 2014). “Debe finalizar la situación actual consistente en que con cargo a cotizaciones se pague el complemento a mínimos, razonable desde el punto de vista de la política social, pero ajeno a los requerimientos de contributividad del sistema. La separación de fuentes debe tener como consecuencia la reducción efectiva de cotizaciones empresariales”.

Respecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el documento del Gobierno “únicamente” plantea la necesidad de acometer cambios en su gestión a efectos de dotar de mayor agilidad y eficiencia a la misma, objetivo que se comparte aún cuando la falta de concreción en las medidas para tal fin impide evaluar las mismas. Aquí, CEOE y CEPYME afirman que “la diversificación del riesgo y la obtención de rendimientos adecuados deben ser criterios preferentes en la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este sentido, el último año se ha producido una excesiva concentración de riesgo en deuda pública española, supeditando los criterios de prudencia financiera en la gestión del fondo a las necesidades del Tesoro Público.

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