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CEOE pide al Gobierno la transposición en tiempo y en forma de la directiva sobre servicios para impulsar el empleo
CEOE opina que es preciso realizar un esfuerzo continuado para mejorar la aplicación de las leyes relativas al Mercado Único europeo, evitando la dispersión y la profusión legislativa.

En concreto, destaca la transposición en tiempo y de forma correcta en España de la Directiva Europea sobre Servicios (la fecha prevista es el 28 de diciembre de 2009), ya que este sector representa en torno al 70% del PIB y genera casi el 96% de los nuevos puestos de trabajo de la UE.
Marco regulatorio europeo
La Directiva de Servicios de la UE, eje del "libro marrón" del Círculo de Empresarios
Catorce expertos han colaborado en la autoría de la publicación, presentada el pasado 8 de octubre
El objetivo principal de la Directiva, tratada en el libro, es la consecución de un verdadero mercado interior en el sector servicios, de forma que se de la libre circulación de servicios y libertad de establecimiento de los que los presten. Su transposición en el ordenamiento jurídico español será un hito crucial para el sector.
 

El Círculo de Empresarios presentó la XXV edición de su tradicional Libro Marrón correspondiente a 2009, bajo el título “Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva de Servicios”. La Directiva de Servicios es también conocida como Bolkenstein, ya que fue propuesta y defendida por el que fuera comisario europeo para el Mercado Interno, Frits Bolkestein (para ver una guía explicativa sobre la Directiva de Servicios pinchar aquí).

La presentación se inició con unas palabras del presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, interviniendo en el acto la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo. El presidente de honor del Círculo, José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, quien presidía la asociación cuando se creó el Libro Marrón, intervino también comentando la filosofía que inspira esta veterana publicación. En el número de este año, que cuenta con el patrocinio del BBVA, colaboran catorce autores, todos ellos destacados expertos.

La XXV edición del Libro Marrón se inicia con un prólogo de la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, quien destaca la importancia del sector servicios como “un sector clave tanto para el comercio como para la competitividad del conjunto de la economía” señalando que “de la transposición de la Directiva de Servicios esperamos mejor regulación, menos trabas al desarrollo de la actividad, más competencia, más eficiencia en la asignación de recursos y, en consecuencia, mayor crecimiento a medio y largo plazo, mayor competitividad y más empleo”.

Los autores invitados a participar en esta edición 2009 del Libro Marrón abordan el tema desde tres grandes enfoques: los efectos jurídicos de la transposición, el análisis del impacto económico de la liberalización del sector de servicios impulsada por la Directiva, y las peculiaridades de la transposición derivadas del carácter descentralizado del sistema político y jurídico español, así como la necesaria coordinación de las distintas administraciones. Sobre el primer tema escriben Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Enrique Linde Paniagua, Santiago Muñoz Machado, Ricardo Rivero Ortega, María Amparo Salvador Armendáriz y Helena Villarejo Galende. En torno al segundo se centran los trabajos de Luis Berenguer Fuster, Fernando Eguidazu, Juan Gradolph, Luis Arturo Rábade Herrero y José Luis Alvarez Arce, y Teresa de Jesús Sánchez Armas. El tercer aspecto lo abordan Andrés Fernández Díaz y Francisco Marcos Fernández.

Un análisis del sector servicios visto desde Europa

El sector servicios es un importante motor de crecimiento y creación de empleo en España, y no sólo por su importancia cuantitativa en términos de PIB y de empleo total (68% en ambos casos), sino también porque de él depende el crecimiento y la competitividad del resto de los sectores económicos. Sin embargo, en el estudio recogido en el último Libro Marrón del Círculo de Empresarios se apunta a que "su regulación no siempre ha sido capaz de responder a las necesidades dinamizadoras del sector", convirtiéndose a veces más en una rémora que en un marco eficiente para el desarrollo de su potencial productivo.

Según las estimaciones gubernamentales, la transposición de la Directiva puede suponer una ganancia directa de más del 1% del PIB, además de la creación de cerca de 200.000 puestos de trabajo. A esto habría que sumar las ganancias dinámicas de eficiencia, que se irían produciendo a lo largo del tiempo conforme la competencia incentivara la innovación y la mejora de procesos productivos.

Una oportunidad para la innovación

El profesor adjunto del Departamento de Economía de la Universidad de Navarra, José Luis Álvarez Arce, junto al profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Luis Arturo Rábade, apunta a que la Directiva debe considerarse parte del esfuerzo que, desde 2000 y en el marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, ha emprendido la Unión Europea con el ambicioso fin de incrementar la competitividad de su economía.

En ese sentido, la transposición de esta norma europea a la legislación española ofrece una magnífica oportunidad para insuflar vitalidad al sector servicios, el más importante de la economía nacional. El propio Libro Blanco sobre la reforma del sector señala que el marco regulatorio de los servicios “presenta ineficiencias, introduce restricciones desproporcionadas y resulta poco transparente. Como consecuencia de todo ello, más inflación, menor avance de la productividad y menor crecimiento económico. Luego, la transposición de la Directiva constituye una gran oportunidad para dinamizar el sector”.

Precisamente, los autores apuntan a una progresiva tercialización en las últimas décadas como rasgo común entre las economías desarrolladas. El caso español no es ninguna excepción a la regla general, e incluso en un tejido productivo desequilibrado, con un sector de la construcción que califican de "hipertrofiado" durante la larga etapa de crecimiento reciente (1995-2007), los servicios representan hoy más de dos terceras partes de la actividad económica. En el primer trimestre de 2009, en un momento de fuerte contracción económica, empleaban al 70 por ciento de las personas ocupadas y suponían un 69 por ciento del Valor Añadido Bruto en precios corrientes (VAB). Esas magnitudes son el resultado de una tendencia al alza en el peso del sector, que sólo entre 2001 y 2008 generó nada menos que 3,7 millones netos de ocupados, equivalentes al 90 por ciento del empleo creado por nuestra economía en ese periodo.


Los servicios son también un puntal para el sector exterior de la economía española. Según los datos de la Organización Mundial del Comercio, España es la quinta exportadora de servicios comerciales en el planeta,4 con una cuota del 3,83% mundial en 2007.

Tal y como se apunta en el artículo de los autores, "los servicios son también un puntal para el sector exterior de la economía española". Según los datos de la Organización Mundial del Comercio, España es la quinta exportadora de servicios comerciales en el planeta, con una cuota del 3,83% mundial en 2007.

El economista Eguidazu señala los cinco grandes problemas del marco regulatorio español

El economista y vicepresidente del Círculo de Empresarios, Fernando Eguidazu, señaló los “cinco grandes problemas” del actual marco regulatorio español, en su artículo titulado “Consecuencias económicas de la regulación, la Directiva de Servicios y la unidad de mercado”.

Para Eguidazu, estos defectos de nuestro marco regulatorio son: un excesivo número de normas (“torrencial” a nivel estatal, autonómico y local), llegándose a identificar hasta 584 trámites administrativos a los que deben someterse las empresas; un excesivo intervencionismo (por ejemplo, Eguidazu se refiere a la normativa sobre consumo de tabaco en establecimientos públicos, que “llega incluso a tasar el porcentaje de superficie y el número máximo de metros cuadrados que deben tener las zonas de fumadores”); la mala calidad, a causa de la “excesiva complejidad de normas, la contradicción entre éstas y la exigencia de una pluralidad de autorizaciones por distintas Administraciones para una misma actividad”; la inestabilidad, modificando normas con “parches”; y la falta de valoración. Éste último atributo se debe a que no se efectúa ningún estudio previo sobre los efectos económicos de las normas a implementar.

En este sentido, Eguidazu cita un informe de la OCDE de 2001 acerca de los efectos de la normativa fiscal, laboral y medioambiental sobre las pymes de 11 países. Dicha normativa suponía un coste del 5,6% del PIB en España, frente al 1,8% de Bélgica o el 1% de Finlandia. Este “sobrecoste regulatorio” también se pone de manifiesto en el informe periódico “Doing Business” del Banco Mundial, que coloca a España, entre los 181 países censados, en el puesto 49 en cuanto a “facilidad para hacer negocios”, en el puesto 140 en cuanto a “empezar un negocio” y en un “demoledor” puesto 160 en “contratación de empleados”. El experto también apunta al informe del Fraser Institute “Libertad económica en el mundo”, en el que España está en la lista por detrás de, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador, Malta o Panamá, y apenas por encima de Honduras o Chipre.

Según Eguidazu, los problemas del marco regulatorio anteriormente citados son catalizados por las comunidades autónomas (CCAA). Éstas provocan un “efecto multiplicador” del número de normas. “Parece como si cada competencia cedida debiera dar lugar a una o varias normas reguladoras, todas distintas para diferenciarse tanto del Estado como de las restantes CCAA. Lo que multiplica por 17 el marco regulatorio, rompe la unidad de mercado, aumenta la carga burocrática para las empresas, aumenta el gasto público por el mayor número de funcionarios y de organismos administrativos, y aumenta el riesgo de incurrir en contradicciones, cuando no de enfrentamientos explícitos que terminan remitidos al Tribunal Constitucional”.

En relación a la trasposición a la legislación española de la Directiva Bolkenstein (la 2006/123/CEM, conocida como “de servicios), Eguidazu señala que se plantea “la dificultad de articular una norma de carácter general con la reserva de competencias de los distintos estatutos” y de “hacer frente a las presiones de los poderes autonómicos”. Según el vicepresidente del Círculo de Empresarios, esto se refleja de forma clara en el comercio minorista. Éste considera que en este sector se constata un doble fenómeno: una creciente discrepancia entre los marcos regulatorios de las distintas comunidades autónomas (“mayor fractura de la unidad de mercado”) y un grado creciente de restricción (con “consecuencias negativas en materia de crecimiento económico, inflación y nivel de empleo”).

Por ejemplo, Eguidazu apunta que “la normativa autonómica en materia de horarios comerciales, apertura en festivos y rebajas ha venido siendo, en general, más restrictiva que la estatal”. Además, añade, “en materia de grandes establecimientos comerciales, la generalización de la exigencia de la segunda licencia (autonómica), además de la municipal, se ha traducido, de hecho, en una severa restricción a la apertura de grandes superficies”.

El “carácter restrictivo” de esta segunda licencia se ha visto agravado, según el economista, porque “el propio concepto de gran establecimiento se ha ido ampliando a comercios cada vez menores”, así como debido a la “exigencia de licencia aplicada incluso a comercios distintos del gran establecimiento (por ejemplo, las tiendas de descuento)”. Del mismo modo, Eguidazu señala que en algunas comunidades se han implantado incluso impuestos específicos a las grandes superficies (por ejemplo, menciona a Navarra), “cosa por cierto ilegal desde el punto de vista de la UE, y que ha dado origen al correspondiente procedimiento”.

Transposición de la Directiva al Estado de las autonomías

Por otro lado, el autor Andrés Fernández, catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense y Consejero Emérito del Tribunal de Cuentas del Reino, señala en su artículo que el análisis de la Contabilidad Nacional de España pone claramente de relieve el gran peso del sector servicios, que supera los dos tercios de la actividad económica. "Por ello resulta de suma importancia todo cuanto pueda contribuir a mejorar su mercado y funcionamiento, eliminando toda clase de trabas, restricciones e impedimentos. No es de extrañar, pues, que se reciban con esperanza medidas como la Directiva de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en la que se sientan las bases para conseguir un verdadero mercado único de servicios", dice el autor.






Siguiendo la metodología utilizada por la
Heritage Foundation o el Fraser Institute se puede comparar, al igual que se hace entre países, el papel de la regulación y del sector público a escala regional, lo que para el caso de España, por las razones expuestas, resulta especialmente aconsejable e ilustrativo. Partiendo de ello se elaboran los índices de libertad económica que permiten establecer correlaciones interesantes entre el marco regulatorio y la intervención económica del Estado, por una parte, y las tasas de crecimiento y los niveles de desarrollo, por otra. Resulta claro que esta comparación tiene más sentido cuanto más acusado sea el grado de autonomía, lo que sucede de forma excepcional y muy notoria, como ya sabemos, con las Comunidades Autónomas españolas.

Refuerzo de la libertad de empresa y de la libre competencia

El director del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Marcos, también colabora en la autoría de esta última publicación del Círculo de Empresarios, en la que destaca el papel que tiene la nueva Directiva en la regulación de las leyes autonómicas.

Según Francisco Marcos, las exigencias derivadas de la transposición de la Directiva constituyen una aplicación razonable de los principios constitucionales
de libertad de empresa y libre competencia contenidas en el artículo 38 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, con lo que a grandes rasgos la Directiva 2006/123/CE se limita a reforzar respecto de las actividades de servicios comprendidas en su ámbito de aplicación lo que la Constitución ya exige.






Asimismo, el autor se detiene en las reformas emprendidas y comunicacadas a nivel estatal y con la jurisprudencia de los servicios que se corresponden, tanto a nivel estatal, como autonómico y local, analizando finalmente en qué medida los esfuerzos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas han resultado satisfactorios.

La Directiva supone una radical reconfiguración de las intervenciones públicas en la actividad de servicios, que conduce a un nuevo planteamiento de las funciones de control y policía administrativa de esas actividades en los Estados miembros de la UE, inspirada en los principios de interés público, necesidad y proporcionalidad. El ámbito de aplicación de la norma es considerablemente reducido, pues la Directiva excluye de su regulación una gran cantidad de actividades de servicios. Adicionalmente, la Directiva no afecta a ciertas normas existentes en los Estados miembros y que puedan incidir sobre la actividad de servicios, a saber, Derecho penal, Derecho laboral, regulación de seguridad social, convenios colectivos, medidas nacionales de fomento del pluralismo, la diversidad cultural y lingüística y normas relativas al ejercicio de los derechos fundamentales.

En el marco de una estrategia de integración progresiva del mercado interior europeo, y al margen de los múltiples esfuerzos de armonización, la Directiva 2006/123/CE construye implícitamente su regulación sobre el “principio del país de origen” para la libre prestación de servicios, de modo que cualquier empresa que ejerce una actividad en un Estado miembro vea automáticamente reconocido
el derecho a ejercer esa actividad en el resto de los Estados miembros.8 Por esa razón, los mandatos de la Directiva están destinados, en última instancia, a asegurar que las normas nacionales respeten unos principios y condiciones mínimas, destinados a asegurar la no discriminación de los prestadores de servicios de otros Estados miembros y la no imposición de obstáculos innecesarios y desproporcionados, que no estén justificados en razones de interés general.

El trabajo concluye con una valoración de aquellas normas e intervenciones normativas en el sector de los servicios en los que se detectan mayores problemas para una correcta transposición y que podrían dar lugar a una denuncia de la Comisión de la Comunidad Europea contra el país.

Video corporativo del Círculo de Empresarios


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