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Marco regulatorio europeo
La Directiva de Servicios de la UE, eje del "libro marrón" del Círculo de Empresarios
El objetivo principal de la Directiva, tratada en el libro, es la consecución de un verdadero mercado interior en el sector servicios, de forma que se de la libre circulación de servicios y libertad de establecimiento de los que los presten. Su transposición en el ordenamiento jurídico español será un hito crucial para el sector.
La liberalización de los servicios y la supresión de las autorizaciones administrativas
Confemetal
La Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, tiene como objetivo llevar a cabo, a nivel de las Administraciones Públicas, un ejercicio de las libertades de establecimiento y de los servicios en todo el ámbito de la UE.
 

Es esta una norma ampliamente deseada, principalmente por los partidarios de la libertad y la libre competencia: los emprendedores, eso es, aquellos que quieren abrir un negocio o prestar un servicio en los distintos estados europeos, ya que ello, ahora supone una verdadera odisea de papeleo, y de inseguridad, ante los numerosos y casi siempre desconocidos trámites que esto conlleva.

Presidida la Directiva, por la idea de liberalizar y modernizar la prestación de servicios, ordena a los Estados miembro que "verifiquen los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios, y a su ejercicio", y que procedan a su simplificación administrativa. La regulación comunitaria, pretende la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, o sean innecesarias.

Ahora bien, la Directiva admite, como es natural, restricciones a dicho principio general de libre prestación de servicios, en los supuestos que el interés público requiera la necesidad de que el prestador cumpla determinadas exigencias o requisitos para el ejercicio de la actividad. De hecho, establece que los regimenes de autorización existentes actualmente, puedan mantenerse cuando no sean discriminatorios, sean necesarios o estén justificados por razón de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente, y siempre que sean proporcionados.

Debe señalarse, que numerosas actividades industriales, como son las relativas a la instalación y mantenimiento de ascensores, de gas, frío y calor, o las instalaciones y montajes eléctricos, tradicionalmente, y en defensa de los bienes jurídicos señalados, han estado sujetas a un sistema administrativo riguroso, de autorización y control, antes del inicio de la actividad, y con posterioridad a su ejercicio, en garantía tanto de la seguridad general de las personas, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, como de la calidad y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y de la seguridad industrial.

Pues bien, actualmente en el Parlamento español, se están tramitando sendos Proyectos de Ley que transponen a nuestra normativa interna la Directiva señalada, mediante el "Proyecto de Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio", y un segundo "Proyecto de Ley (denominado Ley "ómnibus" que modifica 47 leyes españolas) de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio".

Lo preocupante es que el Proyecto de Ley "ómnibus" propone la supresión del actual régimen de autorización vigente, para el ejercicio de numerosas actividades, entre ellas las señaladas del Sector del Metal, sin contemplar un régimen transitorio adecuado, ni proponer una medida alternativa que garantice la misma protección de los bienes jurídicos en juego, y sin procurar la satisfacción del principio de intervención pública adecuada, ni el mantenimiento de la calidad exigida por la propia normativa que se pretende transponer.

El Proyecto de Ley introduce un sistema de comunicación previa del inicio de la actividad, que no garantiza un control preventivo, que verifique que el prestador reúne todos los requisitos y medios adecuados para llevarlo a cabo. No garantiza pues el mismo control que en la actualidad, por parte de los poderes públicos, y ello a pesar de que la Directiva requiere que se exija al prestador que cumpla determinadas exigencias o requisitos para ejercer la actividad, bien mediante una autorización administrativa previa, o bien que se exijan dichos requisitos mediante un control administrativo. Sin embargo, el Proyecto de Ley de transposición español, en su art. 5.1.e, crea dos modalidades, que no contempla la Directiva, en las que deben encuadrarse todos los supuestos en los que el cumplimiento de requisitos no está sujeto al control que implica la autorización previa.

Estas dos modalidades son, la de comunicación previa que el prestador hace a la administración que cumple las exigencias que se le requieren para el ejercicio de su actividad, acompañada de los documentos que acreditan el cumplimiento de esas exigencias o requisitos, y una segunda modalidad, que consiste en una declaración del prestador indicando que cumple los requisitos establecidos y que tiene en su poder la documentación que lo acredita.

Ésta última modalidad de acreditación descansa en la sola declaración de interesado, que no puede merecer más crédito, que el que deriva de una declaración de parte. En cuanto al régimen de comunicación, aparte de que los requisitos unas veces se podrán acreditar con documentos, y en otras mediante otros medios de prueba, los documentos, que puede presentar el prestador, poco valor tendrán mientras no sean comprobados. Por consiguiente, dichas dos formas españolas de que el prestador acredite el cumplimiento de los requisitos que exija la legislación no son adecuados, ni fiables, jurídica ni administrativamente.

El Proyecto de Ley de Transposición de la Directiva (art. 5.1.c.) está redactado bajo la idea de reducir en todo lo posible el régimen de autorización y suplirlo, cuando haya de acreditarse el cumplimiento de requisitos, por los regímenes de comunicación o de declaración responsable. Y esta misma idea es más patente aún en la modificación que efectúa la Ley ómnibus a la Ley de Industria (art. 4. de ésta) que elimina el régimen de autorización, supliéndolo por los otros dos regímenes de restricci6n, si bien lo mantiene para el solo caso (art. 4.4.) de que el régimen de autorizaci6n resulte obligado, porque el Estado haya de cumplir las obligaciones que le vengan impuestas por Convenios Internacionales.

Así pues, para la Directiva, y a efectos de que sea procedente el régimen de autorización, es necesario que el control del cumplimiento de los requisitos pueda realizarse antes del comienzo de la actividad del prestador. Porque si el control se realiza posteriormente por tardío sería ineficaz.

En cambio, para el Proyecto de Ley de Transposición de la Directiva, lo relevante para la procedencia de la autorización, (en la que se controle el cumplimiento de los requisitos que deben concurrir en el prestador). es que la autorización sea el instrumento eficaz, porque los regímenes restrictivos de comunicación o de declaración responsable del prestador no sean instrumentos adecuados.

Por consiguiente, en el art. 5.1.c., del Proyecto de Ley de Ley de Transposición de la Directiva, debería copiarse literalmente, el contenido del art. 9.l.c. de la Directiva, para conseguir con ello, su ajuste en este punto a lo establecido en la Directiva.

Por lo que respecta al Proyecto de Ley ómnibus en su modificación de la Ley de Industria, debería cambiarse la redacción de su art. 4., que, como hemos dicho, suprime el régimen de autorización y sólo contempla como posibles regímenes de restricción para la industria. los regimenes de comunicación o de declaración responsable del prestador del servicio. Debería dicho artículo incorporar a la Ley de Industria la redacción que, respecto al régimen de autorización, contiene el arto9.1.c de la Directiva.

La seguridad industrial ha venido siendo, en nuestro país, objeto preferente de verificaci6n y control por parte de la Administración, ya que bajo esa denominación genérica se garantiza el funcionamiento seguro de un amplio conjunto de equipos e instalaciones que afectan al diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y uso de los mismos.

Estamos hablando de actividades y servicio de instalación y mantenimiento de; ascensores, frío y calor, gas, electricidad, extintores, etc. Actividades que en nuestra vida cotidiana utilizamos continuamente, aparatos cuyo diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y uso, están regulados por reglamentos de seguridad industrial. y en cuya instalación o mantenimiento intervienen tanto agentes autorizados y cualificados, como organismos administrativos que verifican el cumplimiento de la normativa por parte de los sujetos que prestan el servicio.

Los Proyectos de Ley españoles, lógicamente no derogan dichos reglamentos técnicos, pero introducen un sistema de comunicación previa que no garantiza el mismo control que en la actualidad realizan los poderes públicos, de forma que los riesgos que podrían derivarse de ello son imprevisibles si este nuevo sistema no se refuerza mediante algún sistema de inspección o verificación a posteriori, no se efectúa un correlativo esfuerzo de protección de los derechos de los trabajadores, consumidores y usuarios. o no se fomenta la calidad de los servicios.

Estimamos que debería suprimirse tanto en dicha Ley de Industria, como en el Proyecto de Ley de Transposición, los dos regímenes restrictivos alternativos al de autorización, que son exclusivamente, de creación española. Pero que no ofrecen garantías como ya hemos dicho, de que sean eficaces para controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos al prestador del servicio.

La reforma del sector servicios no deberla implicar la eliminación de aquellas regulaciones que poseen un fin legítimo y justificado de carácter no económico, sino eliminar aquellas que restringen la actividad económica sin otro fin.

Es indudable que España ahora más que nunca necesita hacer uso de todo el potencial que ofrece su economía. La baja productividad española, en comparación con la del resto de los países europeos, se debe, entre otros factores. a la excesiva regulación que restringe la entrada de numerosos competidores y la existencia de restricciones a los operadores existentes en el mercado. España ha hecho durante las últimas décadas un gran esfuerzo de apertura de la economía y de adecuación de su legislación a las normas europeas. Sin embargo, persisten todavía numerosos obstáculos, sobre todo en el sector servicios, que restringen el desarrollo de la competencia y, en consecuencia. el crecimiento del sector y una mayor innovación en el sector servicios y en la economía en general.

En definitiva, la eliminación de restricciones a la competencia es compatible con el mantenimiento de una regulación con fines legítimos (como la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, el medio ambiente. etc.), que no desproteja a los consumidores y usuarios, y no suponga una rebaja del control y de la calidad de los servicios existentes en la actualidad.

Informe coyuntura correspondiente al mes de octubre de Confemetal

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